En las últimas horas una jueza federal ordenó al gobierno no interferir en los organismos que dependen de la Secretaría de Agricultura, entre ellos el INTA, y posteriormente el Senado votó por mayoría derogar el decreto 462/2025.
Sin embargo, en un golpe más a la institucionalidad y a la república, Milei y su equipo continúan desafiando a los poderes del Estado y avanza sobre decisiones sin importar demasiado las formas.
En la mañana de este viernes 22 de agosto, el portal Bichos de Campos publicó una noticia con la resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que se publicó en Boletín Oficial y donde desde el Ejecutivo se decidió “pasar a disponibilidad” a un largo listado de empleados públicos, especialmente de la plantilla del INTA pero también 8 integrantes del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y 51 del Instituto de Vitivinicultura (INV).
Entre los que quedan a la puerta de ser despedidos del Estado está nada menos que el director nacional del INTA elegido por concurso, Ariel Pereda.
Pereda, junto a otros 600 trabajadores del INTA que viajaron desde los diferentes puntos cardinales del país, estuvo en la tarde de jueves en la Plaza de los Dos Congreso, esperando el resultado de la votación en el Senado que finalmente, por una apabullante mayoría, decidió derogar el decreto 462/2025, con el que Milei -impulsado por el ministro Federico Sturzenegger- impulsó la intervención de todos los organismos autárquicos dependientes del Ministerio de Economía.
La resolución legislativa -que implica dar marcha atrás con esa reforma que además de al INTA afecta a otros organismos autárquicos como el INASE, el INTI, el INV, Vialidad, INAFCI, etcétera- se sumó a una orden de la justicia federal de San Martín, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por los gremios del INTA, y que ordenó al Poder Ejecutivo no tomar por seis meses ninguna decisión administrativa vinculada con ese decreto derogado.
Pero, está más que claro, el Poder Ejecutivo decidió en las últimas horas desobedecer tanto el veredicto del Congreso como la orden judicial, al decidir el pase a disponibilidad de 287 empleados del INTA y de otros organismos intervenidos por el ejecutivo. La resolución firmada por Caputo lleva por fecha el 21 de agosto. Por lo tanto fue adoptada luego del fallo judicial y quizás también de la votación en el Senado.
Luego de aquel primer decreto 462, el presidente Milei y el ministro Caputo firmaron otras dos normas de ese mismo tenor, que ahora podrían ser cuestionadas en la justicia: en una de ellas disolvieron la Dirección Nacional del INTA que dirigía Pereda, ahora quedó bajo disponibilidad. En el segundo decreto establecieron un nuevo organigrama para el INTA y el resto de los organismos autárquicos que habían sido intervenidos.
Todas estas disposiciones del presidente Milei y de su ministro Caputo se tomaron luego de una primera votación en contra de dicha intervención por parte de la Cámara de Diputados. Es decir que la Casa Rosara ya sabía que se exponía a un rechazo legislativo, que se terminó de confirmar este jueves con una aplastante derrota en el Senado por 70 votos a 9.
“Es una clara provocación”, dijo uno de los funcionarios posiblemente despedidos, que figura en esa lista.
Economía, en la resolución que desobedece las órdenes de ambos poderes, estableció que “el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, que se detalla en los Anexos I queda en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente, por el plazo que en cada caso se indica, como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)”.
A renglón seguido, Caputo dispuso: “Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex INASE, del INV y del INTA desde el dictado de la presente medida”.
El gobierno de Milei viene tratando de controlar el INTA y otros organismos autárquicos desde hace un año sin grandes avances, más que la paralización de las tareas cotidianas en cada uno de ellos. En el caso del INTA, no ha expuesto nunca los cambios que quería hacer. Solo trascendieron documentos que hablaban de la necesidad de reducir un 25% el personal, para achicarlo de los actuales 6.000 a 4.500. Y de la oportunidad de poner a la venta miles de hectáreas de campos experimentales en el interior del país.
Fuente: Bichos de campos
